La Escuela Feminista por la Acción Climática (EFAC) fue parte del Webinar Internacional “ESCAZÚ VIVE: Derechos Ambientales, Género y Defensa del Territorio desde América Latina”, organizado por el Movimiento de Justicia Socioambiental de Tarija, Bolivia.

Junto a Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo Estado Plurinacional de Bolivia; Mercedes Villarroel Medrano, defensora ambiental de Bolivia y Carlos Enrique Flores Valeriano, periodista, comunicador político y radialista editor del Instituto Regional de Acción No Violenta de Perú, conversamos sobre este acuerdo regional en América Latina, la protección de defensoras y defensores ambientales, justicia ambiental y la participación comunitaria y de juventudes. 

Acuerdo de Escazú

El 4 de marzo de 2018 la Asamblea de Naciones Unidas (ONU) se reunió en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y aprobó este acuerdo regional que abarca los derechos de todas las personas a:

• Recibir información sobre asuntos ambientales y desarrollo sostenible,
• Participar en los procesos de toma de decisión sobre asuntos ambientales importantes de su país, 
• Hacer reclamos ante las autoridades para defender su derecho a vivir en un ambiente sano,
• Realizar acciones sociales y políticas para defender y cuidar el ambiente.

Las temáticas principales que abarca son el acceso a la Información pública -Artículos 5 y 6-,  la participación pública -Artículo 7-, el acceso a Justicia -Artículo 8-, Derechos de los Defensores de Derechos Humanos en temas ambientales -Artículo 9-  y el fortalecimiento de capacidades y cooperación -Artículos 10 a 12-.

El acuerdo incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre las defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región donde año a año se registran la cantidad mayor de asesinatos de este tipo de personas en el mundo. 

Hasta ahora 15 países ratificaron el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Las obligaciones de estos países son: 

• Trabajar juntos para proteger los derechos ambientales de todas las personas,
• Brindar capacitaciones para que las personas aprendan sobre el cuidado del ambiente, 
• Ayudar con dinero a los organismos que trabajan en el cuidado del ambiente, 
• Apoyar a las personas, agrupaciones o asociaciones que trabajan en el cuidado del ambiente y en la protección de la naturaleza,
• Promover la investigación en asuntos ambientales, 
• Intercambiar información y experiencias sobre el cuidado del ambiente.

Contexto

Una sociedad justa no solamente se basa en respetar los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. El Acuerdo de Escazú se convierte, en este sentido, en una herramienta importantísima para tener una visión integrada y holística de los problemas sociales y ambientales.

Según cifras de Global Witness (GW), durante 2023 en América Latina se produjeron el 85% de los asesinatos a personas defensoras ambientales. Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70%: Brasil, Colombia, Honduras y México. De las personas asesinadas, el 43% eran indígenas y el 12% mujeres. Colombia es el país con la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, el 40% de todos los casos registrados. Se trata del total anual más alto para cualquier país documentado por GW desde que comenzamos a registrar los casos en 2012. Un total de 31 de las personas asesinadas en Colombia ese año eran indígenas y 6 pertenecían a comunidades afrodescendientes. 

Desde EFAC hacemos hincapié en el trabajo sobre el Artículo 9: Derechos de los Defensores de Derechos Humanos en temas ambientales: 

1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.

3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.

Las personas defensoras son víctimas de distintas formas de vigilancia, ataques, desapariciones forzadas o campañas de descrédito en las que se las presenta como agentes hostiles al progreso y al desarrollo de su país. Las distintas violaciones y amenazas son propiciadas por un entorno institucional defectuoso, en el que los Estados no ponen en marcha mecanismos vinculantes para condenar las violaciones de los derechos humanos, ni garantizan un entorno seguro y de protección para las/os Defensores

El Enfoque de género en el Acuerdo

Cuando el acuerdo surgió no estaba incluido el enfoque de género, fue el accionar de las defensoras ambientales, activistas y organizaciones de la sociedad civil feministas lo que impulsó la necesidad de incorporarlo. 

En abril del 2023, durante la COP 2 Acuerdo de Escazú se comenzó a trabajar y a debatir la necesidad de incluir la perspectiva de género, pero no se logró incluir en el texto del acuerdo. Luego, en el 2° Foro de defensoras y defensores de Derechos humanos y Ambientales de América Latina y el Caribe (2023), se construyó el Plan de Acción Regional de Género. En la COP 3 (2024) se aprobó este plan sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y se definió la transversalización de la perspectiva de género. En el 3° Foro de Defensoras (2025) se armó la Guía que será una herramienta fundamental para orientar a los Estados Parte en la incorporación sistemática de la perspectiva de género en todos los pilares del Acuerdo.

Este enfoque es esencial en la defensa ambiental porque permite visibilizar y abordar las desigualdades estructurales que afectan de manera desproporcionada a mujeres y disidencias en relación con el acceso a los bienes naturales, la tierra y el territorio, la participación en la toma de decisiones, el acceso a la Justicia en asuntos ambientales, el impacto de las crisis climáticas y el aumento de las actividades extractivas.

Permite poner en el centro las experiencias, resistencias y alternativas que construimos y que numerosas veces son invisibilizadas por modelos patriarcales, racistas y roles tradicionales de género. Somos las mujeres y disidencias quiénes soportamos de forma desproporcionada los daños hacia la naturaleza porque trabajamos más cerca de los bienes naturales. Además de los roles tradicionales de género que se nos asignan socialmente, somos las encargadas de las tareas de cuidado y de asegurar el acceso al agua, juntar leña, practicar la agricultura y la ganadería en las comunidades y nuestras familias. Recuperamos saberes ancestrales e implementamos estrategias en nuestros territorios y comunidades para adaptarnos a la crisis climática y/o mitigar sus efectos.

Las defensoras ambientales estamos en la primera línea frente a proyectos extractivos, contaminación, despojo de tierras y crisis climática. Nos exponemos a amenazas, tanto por el hecho de ser mujer y/o disidencia como por defender y promover los derechos humanos.

En este contexto, el Acuerdo de Escazú es una herramienta para fortalecer nuestras luchas desde el territorio. Es fundamental porque pone en el centro los derechos de las personas, protege a quienes defienden la naturaleza, obliga a los gobiernos a ser transparentes y promueve Justicia con equidad para todas las personas, sin importar su idioma, género u origen.

Si te perdiste el webinar, acá podés ver el evento completo