Uno de los objetivos principales de la Escuela Feminista para la Acción Climática (EFAC) este año, es profundizar la incidencia de las integrantes en espacios donde se deciden sobre sus territorios. En este sentido, el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad clave. 

En un encuentro virtual compartieron y actualizaron la información sobre la situación del Acuerdo en cada país de la región. En Honduras, el no está ratificado, la Mesa Escazú acordó enviar una carta y visitar al ministro de la Presidencia y a la Cancillería para medir la voluntad política del gobierno. En Paraguay fue firmado, pero no ratificado y, según lo que un referente de la CEPAL transmitió, una reunión de incidencia con el Senado se suspendió una hora antes de realizarse por la presión del arzobispado, que objetó el Acuerdo como una cuestión “de género”. Por su parte, Brasil firmó, pero no ratificó y es urgente la ratificación por el riesgo que el escenario electoral representa para activistas ambientales y de derechos humanos. En el caso de Ecuador, está ratificado, pero el cumplimiento es “tibio”. La medición de la calidad del aire se hizo hace unos diez años en una sola ciudad, el Ministerio del Ambiente se fusionó con el de Minas, y el de la Mujer pasó a ser una Secretaría. A esto se suma un estado de excepción prolongado. Bolivia ratificó, pero hay defensoras criminalizadas por proteger reservas naturales, el Acuerdo “no se está cumpliendo como debe ser”. Finalmente, Argentina lo ratificó, aunque no existen espacios multisectoriales en los que la sociedad civil, el gobierno y el Congreso den seguimiento a la implementación.

En general, ellas describieron dos problemas distintos frente al Acuerdo de Escazú. Donde no fue ratificado, hay falta de voluntad política y, donde sí lo fue, el cumplimiento es débil o directamente no existe. En ambos casos, el retroceso de derechos en la región empuja la agenda de Escazú a un segundo plano frente a las urgencias.

Instrumentos para exigir el cumplimiento

Cuando un país no cumple el Acuerdo, las defensoras tienen dos instrumentos a los que recurrir, así lo explicó Marcelo Cousillas, Presidencia de la Conferencia de las Partes y Director de Área Jurídica, Ministerio de Ambiente de Uruguay, durante una entrevista exclusiva con Cintia Mamani Rodriguez, integrante de EFAC y Colectivo Angirü. 

El primero es el Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, aprobado en la Conferencia de las Partes de 2024, COP3. Es una guía para que la Secretaría, la Mesa Directiva y los países adopten medidas de protección de las defensoras y los defensores. 

El segundo es el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, integrado por siete personas expertas de la región que apoyan la implementación del Acuerdo. Frente a incumplimientos o necesidades de protección, se le pueden presentar casos y sugerir medidas.

En el marco del proceso sobre el Acuerdo de Escazú hacia adentro de EFAC, definimos dos oportunidades puntuales e importantes de participación. Por un lado, la sesión virtual del Comité de Apoyo y, por el otro, la elección de representantes del público. 

La sesión del Comité 

Este miércoles 21 de octubre, se realizó de forma virtual la 11° sesión del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC) del Acuerdo de Escazú, la última del año. Allí presentaron su informe y abrieron un espacio breve, de unos 20 minutos, para preguntas e inquietudes, momento que tiene la sociedad civil para hacerse oír. 

Logramos una presencia numerosa y activa de defensoras que retomó la fuerza que la Escuela mostró en la COP4, cuando dejó claro quiénes son las defensoras, qué hacen y qué demandan.

El Comité abrió la convocatoria a a compartir experiencias para la elaboración del Informe sistémico sobre personas y grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué barreras enfrentan las comunidades para acceder a la información ambiental, participar en las decisiones y acceder a la justicia? ¿Qué medidas han permitido superar estas dificultades? Las experiencias de los territorios, las comunidades y las organizaciones son fundamentales para identificar desafíos y fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso en América Latina y el Caribe.

El plazo para participar es hasta el 21 de noviembre de 2026 y pueden hacerlo aquí.

La elección de representantes del público

La elección será el martes 10 y miércoles 11 de noviembre y definirá quiénes llevarán la voz de la sociedad civil ante los órganos del Acuerdo. Se elegirán seis representantes con paridad: dos por Sudamérica, dos por Centroamérica y dos por el Caribe, una mujer y un varón en cada subregión. Cada persona vota una vez, en la subregión del país con la que se registró. 

La Secretaría cerró el plazo para la presentación de candidaturas. En total, se recibieron 116 de 22 países de América Latina y el Caribe. De las 116, 106 fueron aceptadas, 10 no fueron admitidas por incumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento de las elecciones y 5 candidaturas fueron retiradas. Los perfiles y formularios de postulación de las candidaturas se pueden consultar aquí.

Durante este año venimos trabajando colectivamente para conocer a fondo en qué situación está el Acuerdo de Escazú en nuestro país y evidencia concreta de si se cumple o no. Acordar cuáles son los compromisos que necesitamos de una representante del público para apoyarla como EFAC. Principalmente, nos ocupa cómo garantizamos que las mujeres indígenas y campesinas estén representadas en los espacios regionales y globales, y por eso seguimos en marcha.