YPFB, Petrobras y el Estado Boliviano contra los 12 de Tariquía

Por Mariana Vendía*

Entre 2018 y 2019 hubieron vigilias y protestas pacíficas por varios días en uno de los ingresos a Tariquía, Entre Ríos, Tarija en Bolivia. Las mujeres, los comunarios sabían perfectamente lo que estaba en juego: la tierra donde viven, el agua que beben, la dignidad de resistir.

Petrobras tenía un contrato con YPFB de exploración y explotación del pozo Domo Oso X3, protocolizado el 5 de julio de 2018 con la venia de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin la consulta previa, libre, informada y obligatoria.

Entre 2018 y 2019 empezaron a realizar “relevamientos de información” para un Estudio de Impacto Ambiental en una zona donde el INRA había prohibido todo ingreso porque las tierras estaban en litigio. Tres comunidades ya habían emitido votos resolutivos rechazando cualquier avance. Aun así, las empresas insistieron, incluso con respaldo policial.

En 2024, tres años después de que el contrato y cronograma estuvieran desfasados (2021), se presentó una denuncia contra 12 comunarios: hombres, jóvenes y ancianos, campesinos, mujeres campesinas, madres, defensores y defensoras de la tierra. No criminales señores fiscales.

El Ministerio Público había pedido detención preventiva mientras se realizaban las investigaciones. De haberse concedido, los 12 hubieran estado presos. Sin embargo, llegaron a juicio el 8 de mayo de 2026 acusados de:

• Impedir funciones (impedir el ingreso a maquinaria pesada y trabajadores de YPFB y Petrobras)
• Atentado contra la libertad de trabajo
• Instigación pública a delinquir ( Insólito)

Las debilidades del proceso y de las pruebas demostradas en el juicio oral fueron:

• Tipos penales forzados en un intento de criminalizar la protesta
• Irregularidades procesales, notificaciones defectuosas y la excepción de prejudicialidad fueron ignoradas
• Delimitación temporal arbitraria: el proceso se redujo a los días 1 y 2 de octubre de 2018, aunque el Ministerio Público insistía en hechos que habían sucedido después
• Testigos, supervisores y fiscales de YPFB, se declararon víctimas de violencia física no probada. Nunca hubo certificados médicos forenses ni denuncias formales.
• Impacto no demostrado: el Ministerio Público no pudo probar cuántos días se reprogramaron los trabajos que habían sido obstaculizados por la vigilia de comunarios.

Sin embargo había una ilegalidad de origen. Los tipos penales se sostenían sobre un “trabajo” que nunca fue legal. El trabajo de YPFB/Petrobras no estaba jurídicamente habilitado en la zona. La consulta previa era inexistente y el SIFDE, única instancia habilitada para acreditar este proceso, nunca estuvo en Tariquía desde 2018.

Esta inobservancia de la tipicidad del delito (gravísima) derivó en un juicio oral que duró más de 12 horas. Uno de los defensores que nunca había tenido una denuncia, le decía al juez, que apenas sabia leer y escribir pero se mantenían de pie: “Solo quiero que se haga justicia porque es la tierra donde vivo.”

Afuera del juzgado, esposas e hijos compartían comida en el suelo, tomando agua de una misma botella. La escena era brutal: familias enfrentando al Estado y a las petroleras, mientras se les acusaba de ser enemigos del progreso.

El juez finalmente, a las 11:20 de la noche, absolvió a todos. El Ministerio Público no pudo sustentar con pruebas reales los hechos. Las lágrimas corrieron, todos —conocidos y desconocidos— nos abrazamos era una misma victoria después de tantas derrotas que ya tenemos con la justicia.

Bolivia no ha encontrado otro modo de sobrevivir desde la colonia que no sea el modelo extractivista: primero la plata, luego el estaño, ahora hidrocarburos y transgénicos. En medio de la crisis económica, se nos dice que “todo es válido” y este fue un juicio de disciplinamiento.

El discurso del Gobierno Central invisibiliza derechos y presenta el extractivismo como desarrollo. Pero la verdad es otra: el sistema capitalista se planta de cara contra la gente que defiende legítimamente el lugar donde vive, y el Estado se convierte en parte de la mentira, invalidando sus propias leyes porque no tiene otra solución.

La protesta es un derecho legítimo en Bolivia, la única forma en que las comunidades han sido escuchadas. El juicio fue desproporcionado, injusto y construido sobre ilegalidades: sin consulta previa, en tierras en litigio, con un contrato vencido.

La absolución no borra el daño, pero sí la resistencia puede abrir grietas en el sistema.

Los defensores no se tocan
Tariquia no se toca

*Activista Ecofeminista / Fotos: Colectivo Angirü